La Administración pública (en adelante AP), es una maquinaria lenta y eficaz. Eficaz justamente por lenta, porque tiene muchos filtros y controles que dificultan la corrupción.
Convertir la AP en ineficaz, mediante el apartamiento de los funcionarios competentes y honrados, que son más del 80% del total, primando la mediocridad, torpeza y el temor de las personas fáciles de someter por ambiciosas o simplemente asustadizas, es pues el objetivo de una politica propicia a la corrupción.
El mecanismo es el siguiente :
- se aparta a los funcionarios eficaces
- se procura una AP ineficaz y ello se publicita desde la misma AP
- los ciudadanos repudian su propia AP
- ello justifica la externalización de los servicios a privados
- lo que vacía de contenido y frustra al funcionario que suele ser vocacional
- se contratan los servicios a empresas mediante concurso público, obligado por ley
- se burla la equidad del concurso pactando bajas temerarias en las adjudicaciones, ej. 49%
- con ello se adjudica a dedo a las empresas que pagan “mordidas”, previamente pactadas
- el dinero correspondiente a las bajas es un dinero ya consignado presupuestariamente, y que al pasar a ser excedente por la baja, queda sin nombre ni destino, por lo tanto propicio para destinarlo a fines no previstos ni declarados, incluso para pagarlo a la misma empresa adjudicataria mediante diversos trucos o artificios.
Por ello es muy importante que los funcionarios sean personas preparadas, de ahí la bondad de las “oposiciones”, fuertes, independientes, y por supuesto honestas y vocacionales. Casi todos estos extremos se dan en el “funcionario”, que por definición no puede ser ambicioso: el sueldo es bajo y se trepa con dificultad.
La difamación y aniquilación de la AP, materializada en su cuerpo de funcionarios, es uno de los más importantes instrumentos para la corrupción, que necesita por otra parte de este mecanismo para hurtar el dinero público.
Arq. Carmen Gil Torres